Para enmendar Artículo 3, inciso D de la Ley 140-1974 según enmendada, conocida como “Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho”, a los fines de establecer un proceso que fomente la mediación al resolver disputas entre vecinos; y para otros fines relacionados.

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Esta legislaci�n, de car�cter vanguardista, permite que las personas puedan acudir al sistema judicial para atender disputas comunes sin la necesidad de someterse a los complejos, costosos y dilatados procedimientos ordinarios. Desde su aprobaci�n, la Ley 140 ha sido una herramienta importante para atender controversias relacionadas con la convivencia diaria. No obstante, el marco actual no contempla un proceso estructurado que fomente activamente la resoluci�n alternativa de conflictos entre vecinos, en particular a trav�s de mecanismos como la mediaci�n. En una sociedad marcada por un crecimiento urbano acelerado, la proximidad entre propiedades residenciales y comerciales, y la diversidad de estilos de vida, las disputas vecinales se han tornado m�s frecuentes y, en ocasiones, m�s intensas. Problemas relacionados con ruidos excesivos, animales, colindancias, verjas, olores, uso indebido de propiedades y disposici�n de desperdicios, son algunos de los ejemplos comunes de conflictos que deterioran la convivencia y, cuando no se atienden adecuadamente, pueden escalar a situaciones lamentables. En Puerto Rico, aunque muchas de estas controversias no llegan a instancias judiciales o agencias del orden p�blico, se han reportado casos tr�gicos en los que diferencias entre vecinos han culminado en fatalidades. Esta realidad refleja una necesidad apremiante de establecer m�todos m�s eficaces para intervenir tempranamente en estos conflictos. La mediaci�n se presenta como una herramienta id�nea para atender estas disputas de forma efectiva, voluntaria y colaborativa. Se trata de un proceso estructurado de resoluci�n de conflictos, facilitado por una persona neutral, en el cual las partes tienen la oportunidad de dialogar y llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio sin la necesidad de que un juez imponga una decisi�n. Inspirados en ese modelo, esta Asamblea Legislativa propone enmendar el Art�culo 3, inciso D de la Ley 140-1974, para disponer que, en casos de disputas vecinales, el Tribunal promueva la mediaci�n como un remedio inicial y compulsorio previo a la evaluaci�n de otros mecanismos judiciales. Esta medida no elimina el derecho de las partes a acceder al foro judicial, pero requiere que primero se intente una v�a menos confrontacional y m�s conciliadora. Con ello, se busca atender proactivamente las causas del conflicto, fomentar la convivencia pac�fica, reducir la carga judicial y evitar que las diferencias vecinales escalen a consecuencias mayores. DECR�TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: Secci�n 1.-Se enmienda Art�culo 3, inciso D de la Ley 140-1974 seg�n enmendada, conocida como �Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho�, para que lea como sigue: �Art�culo 3. � Para adquirir el Tribunal y Magistrado jurisdicci�n sobre una controversia o asunto a tenor de las disposiciones de esta ley, se seguir� el siguiente procedimiento: A� B� C� D. Ser� deber del magistrado, en el curso de la vista, el tratar de armonizar a las partes para que la controversia quede satisfactoriamente resuelta. Lo anterior utilizando como primer recurso un proceso enfocado en la mediaci�n entre las partes. Si ello no fuere posible y si como resultado de la vista el magistrado se convenciere de que existe, bajo la ley, una controversia entre las partes, la cual requiere adjudicaci�n judicial, dictar� una resoluci�n determinando cu�l de las partes tiene probablemente la raz�n. A tenor de esa resoluci�n el magistrado fijar� un estado provisional de derecho, que ser� obligatorio entre las partes mientras la controversia sea ventilada en el curso ordinario de la ley. La resoluci�n podr� ser autorizando o sancionando determinado acto o actuaci�n de una persona, exigiendo de �sta o varias el cumplimiento espec�fico de un deber, o la abstenci�n de una acci�n en particular. La resoluci�n ser� dictada verbalmente pero dentro del t�rmino de cinco (5) d�as se har� constar por escrito. La resoluci�n escrita ser� sencilla y contendr� una breve s�ntesis d� las alegaciones de cada parte, el historial del tr�mite habido, lo que tendi� a establecer la prueba de cada parte, las conclusiones del magistrado de que hay una parte que probablemente tiene la raz�n, con expresi�n de los fundamentos y la fijaci�n del estado provisional de derecho, con exposici�n de los actos que autoriza o proh�be, o derechos que provisionalmente reconoce. Al dar verbalmente su resoluci�n, el magistrado explicar� a las partes el alcance de la misma y las informar� del delito que habr�n de cometer y la penalidad en que habr�n de incurrir si violaren la orden. Tambi�n informar� el magistrado a la persona o personas contra quienes se dicte la resoluci�n, su derecho a plantear el asunto ante tribunal competente, en el curso ordinario del procedimiento. La resoluci�n ser� obligatoria desde que se dicte verbalmente, pero ser� notificada a los interesados o sus abogados dentro de los 10 d�as de dictada verbalmente. La parte dispositiva de la resoluci�n se transcribir� en el libro ad hoc de anotaciones de querellas bajo las disposiciones de esta ley.� Secci�n 2.-Esta Ley entrar� en vigor inmediatamente despu�s de su aprobaci�n. PAGE 2 8:;Dtu��¶��Θ�wcRc�F�:�:h5y�OJQJmH

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Stage base In Committee — base rate 8%, measured from PR's completed sessions
Momentum -5 27/100 from the pace of recorded action
Time since last action -22 420 days quiet

A transparent scoring model over stage, momentum, recency, sponsorship and recorded votes — not a trained predictor. Treat it as a way to rank attention, not as a forecast.