Para prohibir el uso de fondos públicos para el pago de servicios de cabildeo a favor del estatus político de la Libre Asociación/Independencia y/o el estatus territorial actual; enmendar el Artículo 3.2 de la Ley 2-2018, según enmendada, conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”; y para otros fines.

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En las opciones de estatus gan� la Estadidad con un 61%, el Estado Libre Asociado Soberano un 33.3% y la Independencia 5.49%. En el a�o 2017, el gobernador Ricardo Rossell� Nevares realiz� un plebiscito con tres opciones: Estadidad, Libre Asociaci�n/Independencia y el estatus territorial actual. La Estadidad predomin� con un 97.13%, la Libre Asociaci�n/Independencia un 1.52% y el estatus territorial 1.35%. El prop�sito de esta medida legislativa es prohibir el uso de fondos p�blicos para la contrataci�n de cabilderos que directa o indirectamente facturen por servicios relacionados a promover, promocionar o influenciar legislaci�n a favor de la Libre Asociaci�n/Independencia y/o el estatus territorial actual. Dado que la expresi�n del Pueblo de Puerto Rico ha sido clara en torno a que favorece la Estadidad, no existe un fin p�blico que justifique la erogaci�n de fondos por una entidad gubernamental para sufragar un servicio que propicie f�rmulas de estatus rechazadas por el Pueblo de Puerto Rico. La facultad de la Asamblea Legislativa para restringir el uso de fondos p�blicos en actividades de cabildeo encuentra s�lido respaldo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En Cammarano v. United States, 358 U.S. 498 (1959), el Tribunal sostuvo que el gobierno no est� obligado por la Primera Enmienda a subsidiar actividades de cabildeo. Este principio fue reafirmado en Regan v. Taxation With Representation of Washington, 461 U.S. 540 (1983), donde el Tribunal declar� un�nimemente que la legislatura puede decidir no pagar el cabildeo con dinero p�blico sin infringir derechos constitucionales, y que �la decisi�n de una legislatura de no subsidiar el ejercicio de un derecho fundamental no infringe ese derecho�. De igual forma, en Rust v. Sullivan, 500 U.S. 173 (1991), el Tribunal valid� que el gobierno puede elegir financiar una actividad con exclusi�n de otra, sin que ello constituya discriminaci�n por punto de vista, cuando se trata de una delimitaci�n program�tica del uso de fondos p�blicos. La presente medida no restringe ni penaliza la expresi�n de ideas de persona o entidad alguna; simplemente refleja la decisi�n de pol�tica p�blica de la Asamblea Legislativa de no destinar recursos del erario a promover opciones de estatus que el pueblo ha rechazado reiteradamente en consultas democr�ticas. DECR�TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: Art�culo 1.- Definiciones Para los fines de esta Ley, los siguientes t�rminos tendr�n el significado que a continuaci�n se expresa: (a) �Fondos p�blicos� � significa cualquier dinero, recurso econ�mico o partida presupuestaria proveniente del erario p�blico del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo sus agencias, instrumentalidades, corporaciones p�blicas y municipios. (b) �Cabildeo� � significa cualquier comunicaci�n oral o escrita, directa o a trav�s de terceros, dirigida a miembros de la rama ejecutiva o legislativa del Gobierno de los Estados Unidos de Am�rica o del Gobierno de Puerto Rico, con el prop�sito de influenciar la adopci�n, modificaci�n o rechazo de legislaci�n, reglamentaci�n o cualquier otra acci�n gubernamental. (c) �Servicios relacionados� � significa la prestaci�n de servicios profesionales, de consultor�a, relaciones p�blicas, comunicaciones estrat�gicas o cualquier otro servicio cuyo prop�sito o efecto sea facilitar o ejecutar actividades de cabildeo seg�n definidas en este art�culo. Art�culo 2.- Prohibici�n Se proh�be el uso de fondos p�blicos para el pago de servicios relacionados con actividades de cabildeo encaminadas a impulsar legislaci�n o cualquier otra acci�n gubernamental que tenga el fin de promover, promocionar o cabildear a favor del estatus pol�tico de la Libre Asociaci�n/Independencia y/o el estatus territorial actual de Puerto Rico. Art�culo 3.- Se a�ade un inciso (e) al Art�culo 3.2 de la Ley 2-2018, seg�n enmendada, conocida como �C�digo Anticorrupci�n para el Nuevo Puerto Rico�, a fin de que se lea como sigue: �(a)... (e) Ninguna entidad gubernamental, funcionario p�blico, autoridad nominadora, contratista del gobierno o persona que act�e en su representaci�n podr� emitir o recibir un pago con fondos p�blicos por concepto de servicios relacionados con actividades de cabildeo que tengan el fin de promover, promocionar o impulsar legislaci�n o acci�n gubernamental a favor del estatus pol�tico de la Libre Asociaci�n/Independencia y/o el estatus territorial actual.� Art�culo 4.- Salvaguarda de Derechos Nada en esta Ley se interpretar� como una restricci�n al derecho de cualquier persona natural o jur�dica, organizaci�n c�vica, partido pol�tico o entidad privada a expresar libremente sus opiniones, cabildear o promover cualquier opci�n de estatus pol�tico utilizando sus propios recursos. La prohibici�n contenida en esta Ley aplica �nicamente al uso de fondos p�blicos seg�n definidos en el Art�culo 1, consistente con el principio establecido en Regan v. Taxation With Representation of Washington, 461 U.S. 540 (1983), de que la decisi�n legislativa de no subsidiar una actividad con fondos p�blicos no constituye infracci�n a la libertad de expresi�n. Art�culo 5.- Cl�usula de Separabilidad Si cualquier art�culo, secci�n, p�rrafo o parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia dictada no afectar�, perjudicar� ni invalidar� el resto de la misma. Art�culo 6.- Vigencia Esta Ley entrar� en vigor inmediatamente despu�s de su aprobaci�n. PAGE 3 :<Flmno��ô��{��gVg�G5#h<U�hN?�;�OJQJ^JmH

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PASSAGE PROBABILITY

1% Unlikely

Why this number

Stage base In Committee — base rate 8%, measured from PR's completed sessions
Momentum -5 29/100 from the pace of recorded action
Time since last action -22 188 days quiet

A transparent scoring model over stage, momentum, recency, sponsorship and recorded votes — not a trained predictor. Treat it as a way to rank attention, not as a forecast.