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Sesi�n Legislativa Ordinaria SENADO DE PUERTO RICO R. del S. 236 24 de junio de 2025 Presentada por el se�or Rivera Schatz Referida a la Comisi�n de Asuntos Internos RESOLUCI�N Para expresar el m�s en�rgico rechazo del Senado de Puerto Rico a la permanencia arbitraria de la Junta de Supervisi�n Fiscal m�s all� de lo dispuesto en la Ley PROMESA; y reclamar acci�n inmediata del Congreso y del Presidente de los Estados Unidos para su disoluci�n. EXPOSICI�N DE MOTIVOS El Congreso de los Estados Unidos, al aprobar la Ley para la Supervisi�n, Administraci�n y Estabilidad Econ�mica de Puerto Rico (PROMESA) el 30 de junio de 2016, estableci� un prop�sito y un esp�ritu claros para su implementaci�n. La ley fue concebida para "proveer un m�todo con el objetivo de que un territorio cubierto cumpla cabalmente con su responsabilidad fiscal y logre buen acceso a los mercados de capital". Su marco legal fue dise�ado espec�ficamente para abordar la severa crisis de deuda gubernamental de Puerto Rico, que hab�a escalado a m�s de $70 mil millones. Al definir "gobierno territorial" como el "gobierno de un territorio cubierto, incluyendo todas las instrumentalidades territoriales cubiertas" , y una "instrumentalidad territorial" como "cualquier subdivisi�n pol�tica, agencia p�blica, instrumentalidad... o corporaci�n p�blica de un territorio", el Congreso pretend�a que PROMESA abarcara la totalidad de la deuda gubernamental, incluyendo tanto la del Fondo General como la de las corporaciones p�blicas, sin limitar su alcance a un solo tipo de obligaci�n. El esp�ritu de la ley, tal como se manifest� en la Secci�n 209 de PROMESA, estableci� requisitos claros y limitados para la terminaci�n de la Junta de Supervisi�n Fiscal (la �Junta� o �FOMB�), organismo creado mediante el mismo estatuto. Conforme a esta secci�n, la Junta debe terminar "al certificar la Junta de Supervisi�n que� (1) el gobierno territorial aplicable tiene acceso adecuado a los mercados de cr�dito a corto y largo plazo a tasas de inter�s razonables para satisfacer las necesidades de endeudamiento del gobierno territorial; y (2) durante al menos 4 a�os fiscales consecutivos� (A) el gobierno territorial ha elaborado sus presupuestos de acuerdo con las normas de contabilidad de acumulaci�n modificada; y (B) los gastos incurridos por el gobierno territorial durante cada a�o fiscal no excedieron los ingresos del gobierno territorial durante ese a�o, seg�n se determine de acuerdo con las normas de ese a�o". Estos dos criterios, expl�citamente detallados en el texto legal, son los �nicos par�metros definidos por el Congreso para la disoluci�n de la Junta. No obstante, en un claro intento por perpetuar su existencia y confundir sobre el cumplimiento de Puerto Rico con los objetivos de la ley, la Junta ha extendido y distorsionado arbitrariamente estos requisitos. La Junta ha desarrollado lo que denomina "50 acciones" dentro de su Plan Fiscal, que van mucho m�s all� de lo estipulado en PROMESA. Por ejemplo, la Junta ha impuesto la necesidad de que Puerto Rico recupere una calificaci�n crediticia de "grado de inversi�n", un requisito que no figura en la Secci�n 209 de la ley. Esta interpretaci�n expansiva, que se desv�a de la ley PROMESA, le otorgar�a a la FOMB un control considerable sobre los criterios para su propia salida, lo que podr�a prolongar su mandato de manera indefinida y genera la percepci�n de un "objetivo m�vil" para el gobierno de Puerto Rico. De manera flagrante, la Junta exige una disciplina fiscal para los gobiernos municipales, las agencias del Estado y para la Asamblea Legislativa que no se impone a s� misma. Tal proceder evidencia una estrategia para garantizar su permanencia en la Isla, en contravenci�n del prop�sito transitorio de su creaci�n. A pesar de estas barreras adicionales impuestas por la Junta de Control Fiscal, el progreso en la reducci�n de la carga sustancial de la deuda de Puerto Rico es innegable. Aproximadamente el 80% de la deuda pendiente de la Isla ha sido reestructurada, reduciendo las obligaciones totales de m�s de $70 mil millones a unos $37 mil millones. Esto se proyecta que ahorrar� a Puerto Rico m�s de $50 mil millones en pagos de servicio de la deuda a trav�s de varias entidades. Los logros notables incluyen la confirmaci�n del Plan de Ajuste de la Mancomunidad en enero de 2022, que entr� en vigor en marzo de 2022, reestructurando $33 mil millones en pasivos y reduciendo los pagos del servicio de la deuda en m�s del 60%. Adicionalmente, la deuda de COFINA se redujo en $6 mil millones, generando un ahorro de $17.5 mil millones. La deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportaci�n (HTA) experiment� una reducci�n de m�s del 80%, ahorrando $3 mil millones. Estos datos demuestran que el objetivo principal de PROMESA, la reestructuraci�n de la deuda, ha sido esencialmente alcanzada, en gran parte por la propia gesti�n local. La inmensa mayor�a de los avances que ha habido para mejorar la situaci�n fiscal de Puerto Rico han sido producto de la gesti�n de la propia Asamblea Legislativa y del Ejecutivo del Gobierno de Puerto Rico, m�s que de la Junta. Adem�s, sin recurrir a nuevo endeudamiento, hemos sacado a Puerto Rico adelante pues se logr� reducir la deuda en casi dos terceras partes. El mercado municipal, por su parte, ha reconocido la solidez del perfil crediticio de Puerto Rico, a ra�z de los esfuerzos de reestructuraci�n liderados desde el gobierno estatal, el robusto crecimiento econ�mico y el s�lido desempe�o financiero, as� como la implementaci�n de mejores pr�cticas de divulgaci�n. A partir del 16 de septiembre de 2024, los rendimientos de los bonos de Puerto Rico estaban negoci�ndose con rendimientos 81 puntos base por debajo del �ndice de Alto Rendimiento (HY Index) y su diferencial con el �ndice Baa se hab�a ajustado a 31 puntos base. Esta mejora es significativa, considerando que en marzo de 2022, los rendimientos de los bonos de Puerto Rico estaban 40 puntos base por debajo del �ndice HY y 81 puntos base por encima del �ndice Baa. La tenencia de bonos de COFINA y GO ha pasado a manos de fondos de bonos tradicionales, lo que es un cambio positivo de la base de inversores previa a la reestructuraci�n, que estaba muy inclinada hacia tenedores oportunistas. Este progreso demuestra que Puerto Rico est� recuperando la confianza del mercado, cumpliendo as� con uno de los par�metros cardinales de la ley. Adem�s, todos los presupuestos han estado balanceados por m�s que la Junta quiera caer en el juego de �cuando est� balanceado�. Ese juego de is est� balanceado al escribirlo en el papel o cuando al final del a�o fiscal se examina c�mo quedamos, es una vil artima�a para perpetuar una n�mina y unos contratistas que NO NECESITAMOS en Puerto Rico. Cabe destacar que SIEMPRE los ingresos reales han excedido consistentemente las estimaciones de la Junta y los del propio Gobierno local. Sin embargo, la Junta ha fracasado estrepitosamente en la reestructuraci�n de la deuda de la Autoridad de Energ�a El�ctrica de Puerto Rico (PREPA). La deuda de PREPA, que excede los $10 mil millones, sigue siendo un obst�culo cr�tico y sin resolver. La Junta de Supervisi�n present� un Plan de Ajuste propuesto en diciembre de 2022, no obstante el Tribunal de Distrito de EE. UU. ha dirigido a las partes a regresar a mediaci�n, dejando el proceso estancado. Este fracaso impacta directamente la capacidad de la Isla para reingresar plenamente a los mercados y utilizar eficazmente los fondos federales de recuperaci�n para infraestructura esencial. Solo el 8% de los $23.4 mil millones asignados por FEMA para PREPA ha sido utilizado, una tasa significativamente m�s baja que en otras recuperaciones de huracanes importantes, principalmente porque el modelo de reembolso de FEMA requiere capital inicial que PREPA, en bancarrota prologada por la Junta, no puede asegurar. Es inaceptable que, a pesar de los vastos recursos y el tiempo transcurrido, la Junta no haya podido resolver esta reestructuraci�n crucial, lo que subraya su ineficacia en este aspecto fundamental. El proceso de supervisi�n de la FOMB no solo ha sido deficiente en �reas claves, sino que tambi�n ha incurrido en costos considerables para el pueblo de Puerto Rico. La propia Junta reconoce que el proceso ha sido "uno de los m�s caros jam�s vistos, con honorarios profesionales proyectados a exceder mil millones". De hecho, los gastos legales y de asesoramiento de la Junta de Supervisi�n por s� solos ya superan los uno punto cinco mil millones de d�lares. En total, la Junta nos ha costado ya sobre dos mil millones de d�lares; como expres� el Presidente del Senado Thomas Rivera Schatz durante la sesi�n del 23 de junio de 2025 sobre la Junta �nos ha costado m�s de lo que nos ha resuelto". Ciertamente, el Gobierno de Puerto Rico, en virtud de lo expuesto, podr�a leg�timamente iniciar un proceso judicial para solicitar la disoluci�n de la FOMB, alegando el cumplimiento sustancial de los prop�sitos establecidos en PROMESA. Sin embargo, dicho litigio se perfila como un proceso prolongado y oneroso, e ir�nicamente, el Gobierno de Puerto Rico estar�a litigando contra un cuerpo que consume recursos econ�micos del propio estado sin control, sum�ndose a los ya billonarios gastos incurridos por la Junta. Por entender que se ha cumplido pr�cticamente en la totalidad de los prop�sitos para los cuales fue establecida dentro de la Ley PROMESA y al haber extendido la Junta de Supervisi�n Fiscal su permanencia m�s all� de lo previsto en el texto y esp�ritu de la ley que lo habilit�, mediante la imposici�n de requisitos arbitrarios, el Senado de Puerto Rico expresa su m�s en�rgico rechazo a la continuidad de la Junta sobre un gobierno democr�ticamente electo. Por tanto, el Senado de Puerto Rico reclama que es imperativo que el Congreso de los Estados Unidos y el Presidente act�en de inmediato para facilitar la disoluci�n de la Junta, permitiendo que el Gobierno de Puerto Rico, en pleno ejercicio de su autonom�a, contin�e la gesti�n de sus asuntos de gobernanza Estatal. La verg�enza colonial, que representa la Junta de Control Fiscal, no puede perpetuarse e imponerse sobre ning�n ciudadano de los Estados Unidos de Am�rica. Si queremos hacer a nuestra Naci�n GRANDE, eso nos incluye a TODOS los puertorrique�os que residimos en esta Isla del Encanto. Pong�mosle fin a la desigualdad, a la colonia y al discrimen contra Puerto Rico. RESU�LVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: Secci�n 1.- El Senado de Puerto Rico expresa su m�s profundo rechazo y solicita al Gobierno, al Congreso y al Presidente de los Estados Unidos que act�en de inmediato para promover la disoluci�n de la Junta de Supervisi�n Fiscal, organismo que ha prolongado su permanencia m�s all� de lo previsto en el texto y esp�ritu de la ley que la habilit�, mediante la imposici�n de requisitos arbitrarios cuyo �nico fin es garantizar su propia permanencia. Secci�n 2.- Copia de esta Resoluci�n traducida al idioma ingl�s ser� remitida a la Casa Blanca, al Congreso de los Estados Unidos, al Senado de los Estados Unidos, al Government Accountability Office (GAO) y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Secci�n 3.- Esta Resoluci�n entrar� en vigor inmediatamente despu�s de su aprobaci�n. PAGE 5 ()*,4LMcde��ò��}���}���iUA'h%7xh6�5�CJ4OJQJaJ4mH
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